Sename directores y directorios de fundaciones

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Autor
Sergio Guzmán L.
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En los Estados Unidos es cada vez más frecuente el debate sobre los motivos y conveniencias de que las sociedades sin fines de lucro remuneren a sus directores y ejecutivos como si ejercieren esos cargos en empresas lucrativas. El año 2014, en un universo aproximado de 100 mil organizaciones civiles en ese país, incluyendo universidades, hospitales y grupos religiosos, 2.700 ejecutivos fueron remunerados con salarios anuales superiores a un millón de dólares. La justificación más recurrente de tales rentas es “premiar buenas gestiones que permitan cumplir ciertas metas que alejan a estas instituciones de la quiebra”, como suele ocurrir. Quienes se oponen a estas prácticas argumentan que es impresentable que tales organizaciones, financiadas con donaciones y franquicias tributarias, compensen a sus directivos con rentas tan jugosas.

Chile está en las antípodas de la realidad estadounidense. Trabajar en este tipo de corporaciones en nuestro país, o integrar sus directorios, es considerada una labor altruista; o sea, una tarea cuya esencia es procurar el bienestar ajeno a costa del propio. Otra gran diferencia entre Chile y el país del norte radica en el apoyo que el Estado entrega a fundaciones privadas sin fines de lucro. El sesgo anti-privado en Chile impide beneficios impositivos por los aportes de personas y sociedades de inversiones en estos espacios. Un claro ejemplo es la Ley de Rentas Municipales que al acoger tributariamente aportes destinados a la beneficencia, discrimina entre donantes con multas de hasta el 40%.

Sabemos que los fondos públicos son escasos, y que la administración de esos recursos por parte del Gobierno es muchas veces deplorable. El Estado de Chile no puede seguir castigando a las personas naturales y jurídicas privadas que deseen sumarse al esfuerzo de construir un país donde haya menos personas en situación de vulnerabilidad y necesidad extrema.

En este proceso de construir una sociedad más inclusiva y participativa, es necesario virar en la dirección de países donde los privados son actores relevantes, palancas claves de progreso y desarrollo económico y social. Para ello, las fundaciones no pueden seguir en manos de “benefactores” que aportan su experiencia, voluntad y talento ad honores, como simples voluntarios. Tales funciones deben ser remuneradas, aunque sea nominalmente, según el tiempo y la dedicación que exijan.

Un buen directorio de fundación requiere de personas que asuman su rol en forma profesional (lo que no significa necesariamente que sean profesionales) y destinen tiempo para formar un equipo de pares poderoso que contribuya decisivamente al propósito fundador. El proceso -grados más, grados menos- contienen fases comunes con cualquier gobierno corporativo funcional y de calidad:

  • consensuar una Agenda Anual;
  • auto evaluar su funcionamiento acorde con el foco, coordinación y arquitectura de la información utilizada;
  • constituir un comité encargado de precisar los perfiles y competencias necesarias para ejercer los cargos directivos y ejecutivos.

El rechazo del Informe SENAME II no puede limitarse sólo a la indignación general hacia un Estado que ha permanecido impasible durante años frente a la muerte y maltrato de niños y jóvenes acogidos por el sistema. Esta pesarosa realidad debe dar paso a la modificación de la actual normativa sobre donaciones, permitiendo a los privados asumir mayor preponderancia en estos temas y evitar que el Estado se auto atribuya roles de subsidiaridad que una buena legislación podrá ahorrarle.

Esa misma legislación obligará a las corporaciones sin fines de lucro para ponerse pantalones largos en cuanto a responsabilidades, funcionamiento y compensación de sus directorios y principales ejecutivos, orientaciones que hoy dejan mucho que desear.