Paradoja de la AFP

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Autor
Sergio Guzmán L.
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Me siento orgulloso de haber integrado el comité de profesionales que entre 1979 y 1980 dio vida al nuevo sistema de pensiones en Chile. Las razones son numerosas y con seguridad compartidas por quienes admiten el éxito que han tenido las AFP en la administración de los fondos de pensiones originados en el ahorro individual de cada trabajador destinados a sus jubilaciones, y los enormes beneficios del sistema al desarrollo del país, sus aportes al crecimiento económico y a la estabilidad financiera de los últimos 35 años.

Sin embargo, reconozco que hoy incluso con mis hijos debo ser cuidadoso de no aparecer tan ufano con una institucionalidad cuyo prestigio me parecía irrefutable. Cuando escucho diagnósticos tan disímiles de personas que estimo hablan de buena fe, no puedo sino admirarme de algo que en mi actividad como consultor de directorios es evidente: la realidad es observador dependiente.

Se ha dicho que ahí donde habitan nuestras fortalezas, también residen nuestras debilidades. Los que ayudamos a crear el actual sistema de pensiones éramos un grupo de profesionales jóvenes dispuestos a resolver una urgencia y enfrentar un desafío. La urgencia, era cambiar un “sistema de reparto” en crisis terminal, desfinanciado, injusto y discriminatorio que había fracasado estrepitosamente, tanto en su esquema y gestión, como en sus resultados. El desafío, elaborar un nuevo sistema que permitiera a cada trabajador jubilarse con la más alta pensión posible, acorde con el ahorro acumulado en su cuenta individual de la administradora elegida. Estas fueron las premisas del régimen previsional que nos rige y fueron, también, las que forjaron la cultura predominante de las AFP: ser buenos administradores financieros.

Pero cometimos errores que atribuyo, en parte, a la contingencia que vivíamos, y, en parte, a nuestra juventud. Uno de esos errores, fue no haber previsto normas que ampliaran visiones un tanto exclusivas y excluyentes de las AFP. En efecto, si la ley hubiese trasferido la gestión de los fondos de pensiones a profesionales independientes, centrando en las administradoras la fidelización de sus clientes, es muy probable que la crisis de identidad AFP-ahorrantes no tendría actuales dimensiones. Recientes sondeos de opinión estiman que el 70% de los ahorrantes en AFP creen no ser dueños de sus fondos, e ignoran los efectos que para su pensión tienen variables como años de cotización y monto de las imposiciones.

Bajo tal enfoque, es posible que la rentabilidad de los fondos hubiese sido inferior al 8% real promedio anual obtenido en los últimos 35 años, pero nuestro sistema de capitalización individual -envidia en muchos países con regímenes de reparto que estrangulan sus finanzas- tendría grados de pertenencia similares a los que muchos chilenos sienten con el Chino Ríos, con sus medallistas de oro olímpicos Massú y González o Colo-Colo '91.

Otro error atribuible a quienes hemos tenido responsabilidades en la elaboración, conducción y fiscalización del actual sistema –gobernantes, legisladores, superintendentes, dirigentes sectoriales, controladores, directores (entre los que me encuentro) y principales ejecutivos de las AFP- es haber creído que nuestra única misión era velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y por la buena rentabilidad de los fondos, ambas tareas cumplidas satisfactoriamente. Pero descuidamos sociabilizar los principios fundadores del sistema, explicar sus fortalezas, mostrar resultados y divulgarlos urbi et orbe. Fuimos remolones, además, en anticipar situaciones cuyo descuido podría incidir en el descrédito del sistema: índices de esperanza de vida, edad de jubilación, incremento porcentual de las imposiciones y alternativas solidarias para pensiones de sobrevivencia. Esto puede y debe corregirse conservando las virtudes del sistema de capitalización individual vigente.

Pero las “modificaciones estructurales” que se proponen aspiran, en definitiva, a que el Estado termine apropiándose de dineros que pertenecen a cada trabajador ahorrante, para repartirlo arbitrariamente según convenga al interés populista-electoral de alguna mayoría, o a los deseos del burócrata de turno. Es el epitafio al que apuntan influyentes detractores de la capitalización individual. Si logran sus propósitos, una cuota de responsabilidad recaería en quienes fuimos incapaces de defender el actual sistema y actualizarlo, explicar sus premisas éticas, divulgar las ventajas patrimoniales para el trabajador ahorrante, y el significativo aporte que ha tenido en la disminución de la pobreza y en el crecimiento económico del país.

Hemos cedido mucho terreno, pero la batalla no está perdida. Más aún, podemos y debemos ganarla.

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