Nueva Enap y su gobierno corporativo

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Autor
Sergio Guzmán L.
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Mientras Enap se prepara para ser un actor en el mercado de generación y transmisión de energía, crece la polémica de lo pertinente de este rol en una economía que ha privilegiado a los privados, los que por diversas razones no han podido desarrollar, construir y operar el potencial de proyectos, generando fragilidad en el sistema.

Más allá de la coyuntura respecto al nuevo rol de Enap, parece imperioso corregir su gobierno corporativo con el fin de evitar conductas que la alejen de prácticas compatibles con el rol subsidiario del Estado y de fortalecer su incorporación -como fair play y en igualdad de condiciones- a un mercado altamente competitivo y regulado.

La alternativa real para estructurar el nuevo gobierno corporativo de Enap es aplicar el modelo de Codelco, el que ha demostrado un comportamiento poco satisfactorio. Esta debilidad se debe principalmente a que su directorio se renueva parcialmente con la llegada de cada nuevo gobierno, politizando la designación y alineamiento de sus miembros. Además, este directorio depende directamente del Ejecutivo, siendo su independencia sólo un formalismo, lo que explica el poder excesivo que detenta su gerente general (Presidente Ejecutivo), y quien de mantener una buena relación con el Ejecutivo, puede hacer ver a su directorio como un consejo, o en el peor de los casos, como una oficina de partes. Por esta razón, Codelco debió enfrentar situaciones como el conflicto con AngloAmerican o la huelga de alguno de sus sindicatos, dejando en evidencia que los interlocutores válidos fueron los ministros o el Ejecutivo, y no la administración de la empresa, ni su directorio.

Los conflictos de interés disminuyen cuando en la mesa del directorio no están los ministros o autoridades políticas, pero hoy su ausencia está lejos de asegurar un buen gobierno de la empresa. Por esto, el directorio de Codelco debiera tener el poder de ejercer sus funciones con total autonomía e independencia del gobierno y actuar según las buenas prácticas que se exige a las empresas privadas abiertas en bolsa, o a la mayoría de las empresas estatales de países pertenecientes a la Ocde.

Es así como un directorio debe tener la potestad de seleccionar, mandatar, compensar, evaluar y despedir al gerente general, de manera que éste no termine capturando a su directorio. Asimismo, su designación debe ser responsabilidad de un órgano político técnico transversal capaz de independizar el proceso del Ejecutivo; establecer, junto al gobierno, un marco financiero que fije las políticas de endeudamiento, dividendos e inversiones; ser la contrapartida de los directores para empresas del Estado, reemplazando al actual SEP (Sistema de Empresas Públicas) y finalmente transformando a estas empresas en organizaciones modernas y altamente competitivas.

La Presidenta Bachelet ha anunciado una nueva ley para las empresas del Estado, lo que tiene como contexto la iniciativa presentada por ella en el 2008 con el fin de acceder a un requisito de la OCDE, y que pasado muchos años aún descansa en el Congreso. Ojalá que el gobierno aproveche la oportunidad de impulsar un nuevo proyecto potenciado, cuyo objetivo sea generar un cambio estructural que permita mirar con mayor tranquilidad el gobierno corporativo para esta nueva Enap y las demás empresas del Estado, y de paso ayudar a cambiar las expectativas del mercado respecto a los riesgos populistas que se perciben.

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