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Autor
Sergio Guzmán L.
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Las asociaciones y agrupaciones de empresarios chilenos han pagado caro su desidia de ser auto reguladores activos de su gobernabilidad.

El destape de La Polar en 2010 precipitó la norma N° 341 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que alentaba prácticas directivas centradas en el enfoque “cumplir o explicar" y abandonaba felizmente sugerencias legislativas discordantes con el buen funcionamiento de los directorios. Así, quedó instaurada una modalidad binaria: cumplo o no cumplo. Sin embargo, la lectura de esta norma permitía interpretaciones flexibles de los estándares buscados en el desempeño de las empresas cuya gobernabilidad debían ellas mismas auto regular. Demás está decir que la medición tuvo un altísimo porcentaje de respuestas positivas.

Con el arribo en 2014 de autoridades políticas propensas a una mayor intervención del Estado en la economía, la reacción no tardó en manifestarse. Ese mismo año, la SVS dictó la Norma N° 385, aumentado de 19 a 99 lo que la autoridad considera “buenas prácticas corporativas” y exigiendo al directorio evidenciar los procesos y sus acuerdos relacionados con el tema. Pero si la Norma 341 era resistida en los hechos, la 385 fue recibida por las empresas con franca desazón. Al no contar con fundamentos suficientes para el cumplimiento de estas prácticas, las respuestas positivas cayeron de 70% a 30%.

No obstante lo anterior, la Encuesta a Directores tomate® / La Tercera 2016 revela que las nuevas prácticas dispuestas en la Norma 385 tienen amplia acogida en las empresas y que los directorios las están incorporando a su funcionamiento de manera progresiva. La misma encuesta revela que de las 21 categorías reglamentadas por dicha Norma, diez marcan una evaluación positiva superior al 67% entre los directores y gerentes generales consultados. Esto es, un incremento promedio de 20% respecto al año anterior. Por ejemplo, frente a la posibilidad de tener un canal de denuncias abierto, formal, anónimo y trazable, idea que en 2015 obtuvo una evaluación favorable de 62%, ocupando el cuarto lugar entre las preferencias, este año creció al 84%. Similar porcentaje de aceptación tuvieron las incitativas página web, proceso de inducción y visitas a terreno.

Cinco prácticas obtuvieron 50% o menos de aceptación, pero en casi todas ellas el rechazo es inferior al de 2015. Sólo la idea de “fijar el número máximo de directorios” obtuvo este año un rechazo mayor que en 2015: 27% vs. 30%.

En consecuencia, la supuesta apatía de las empresas frente a la necesidad de auto regularse es más aparente que real. Pero la situación merece especial cuidado. Porque al instalarse la imagen de que los directorios de las sociedades abiertas en bolsa son indiferentes a su autorregulación, el desenlace puede ser la promulgación de leyes cada vez más duras y restrictivas que dañen la indispensable autonomía de los gobiernos corporativos.

La creación de una Comisión de Valores y “desmutualizar” la Bolsa de Comercio de Santiago para así mejorar el check and balance de su cometido regulador, son iniciativas que permiten anticipar escenarios perjudiciales que asoman con la pasividad de gremios y líderes empresariales ante el apremio de normas auto reguladoras claras, definidas y perdurables que agreguen mayor valor a las empresas.

La readecuación consensuada de la Norma 385 es una tarea que la autoridad reguladora y las empresas deben asumir con prontitud. Los escollos son mínimos y podemos superarlos con voluntad y sensatez.

 

 

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